El Tribunal Supremo ha condenado al Gobierno de Aragón por vulnerar el derecho fundamental a la educación de un chico con autismo por expulsarlo del centro al negarse sus padres a medicarlo por los problemas que tenía y no ofrecer una alternativa.
El alumno sufrió una crisis que se agravó con "episodios agresivos", entre otras razones por el cambio de pautas educativas y de la tutora y otros educadores.
La dirección del centro exigió una "garantía psiquiátrica" que implicaba medicamentos cuya eficacia no estaba comprobada.
Los padres se negaron y el joven fue expulsado.
Acudieron a los tribunales, el TSJA les dio la razón y ahora el supremo confirma esa decisión.
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